Mediante el Decreto Ejecutivo No. 947, emitido el 23 de noviembre de este año y publicado en el Registro Oficial Cuarto Suplemento, N° 446 del 28 de noviembre, el Presidente la República del Ecuador ha expedido el Reglamento Codificado de Aplicación de la Ley de Hidrocarburos.
Esta decisión se fundamenta en la necesidad de promulgar un nuevo Reglamento tras la emisión de la sentencia N° 110-21-IN/22 de la Corte Constitucional, la cual invalidó el capítulo X de la Ley Orgánica Para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que sirvió como base para el Reglamento anterior de la Ley de Hidrocarburos, emitido el 16 de febrero de 2022.
El nuevo Reglamento se centra en la consolidación de la Política Nacional Hidrocarburífera en concordancia con los principios de desarrollo sostenible y responsabilidad establecidos en la Constitución de la República. Además, establece la creación de un Directorio y define sus funciones y composición.
En línea con las políticas de promoción de la inversión privada y la formación de alianzas público-privadas (APP) que se han impulsado en los últimos años, el Reglamento prevé un proceso especial de licitaciones que requerirá el cumplimiento de requisitos específicos, así como un procedimiento propio y especial para la extracción de los recursos hidrocarburíferos.
Según el Reglamento, la participación del Estado en la producción de barriles de crudo no podrá ser inferior al 12,5% en producciones de hasta 30.000 barriles diarios, al 14% en producciones de entre 30.000 y 60.000 barriles diarios, y al 18,5% cuando la producción supere los 60.000.
El nuevo Reglamento expedido aborda también la exploración y explotación del principal recurso económico del Ecuador y se enfoca principalmente en la sostenibilidad ambiental y los incentivos económicos en un sector que ha desempeñado un papel fundamental en el país desde la promulgación de la Ley de Hidrocarburos en 1978.
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La Sentencia 3364-21-EP/25 de la Corte Constitucional del Ecuador redefine los límites de la coactiva del IESS, protegiendo a los accionistas frente a medidas arbitrarias. El fallo prohíbe que funcionarios administrativos dispongan arraigos o afectaciones patrimoniales sin intervención judicial, consolidando el respeto al precedente 22-13-IN/20 y fortaleciendo la seguridad jurídica corporativa.
Las indicaciones geográficas (IG) son una forma de protección de la propiedad intelectual que reconoce el vínculo entre un producto y su lugar de origen. Garantizan que las características, calidad o reputación del producto provengan de su entorno geográfico, contribuyendo a preservar la autenticidad, fortalecer la economía local y proteger el patrimonio cultural de las comunidades.
La Corte Constitucional del Ecuador declaró la inconstitucionalidad total de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, al determinar que fue aprobada vulnerando el principio de unidad de materia y el procedimiento legislativo ordinario. Esta decisión deja sin efecto las obligaciones impuestas a las Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S.) y a las Sociedades Anónimas Deportivas (S.A.D.), restableciendo el marco normativo previo y reafirmando la supremacía del control constitucional y la necesidad de mantener la coherencia normativa en el sistema jurídico ecuatoriano.
La mediación es un método alternativo de solución de conflictos mediante el cual las partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario sobre materia transigible, de carácter extrajudicial y definitivo. Este procedimiento permite alcanzar soluciones ágiles, confidenciales y con el mismo valor jurídico que una sentencia ejecutoriada, fomentando el diálogo y la cultura de paz en Ecuador.
La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) ha establecido nuevas reglas para la constitución, gobierno y liquidación de cajas comunales y de ahorro, vigentes a partir del 20 de noviembre de 2025. Este marco normativo fortalece la transparencia, la supervisión y la seguridad financiera, asegurando que estas entidades comunitarias puedan gestionar recursos, otorgar créditos y contribuir al desarrollo de la economía popular y solidaria.
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