En virtud de la interpretación prejudicial con número 391-IP-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena el 13 de marzo de 2023, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha examinado el artículo 33 del Tratado de Creación de dicho Tribunal y el artículo 123 de su Estatuto. En este análisis, se ha establecido de manera inequívoca que la emisión de un criterio interpretativo previo sobre un acto ya aclarado no contraviene dichos artículos. El Tribunal ha subrayado su responsabilidad de garantizar la uniformidad en la aplicación del ordenamiento jurídico en los países miembros en aras de la integración andina.
El enfoque se centró en determinar si un criterio interpretativo previo emitido por el Tribunal podría considerarse un acto aclarado y, por lo tanto, formar parte de una jurisprudencia andina de cumplimiento obligatorio, determinando finalmente que aquello no solo es posible sino también necesario.
Esta decisión contribuirá a acelerar los procedimientos judiciales en los países miembros de la CAN, al eliminar la necesidad de emitir nuevos criterios interpretativos y al establecer un criterio jurisprudencial uniforme y consolidado. Además, ayudará a prevenir la evasión de solicitudes de interpretación prejudicial al Tribunal.
Cabe entender que para que un acto se considere aclarado, es necesario que la obligación de consultar al Tribunal carezca de fundamento porque la cuestión planteada sea sustancialmente idéntica en términos de contenido a una que ya ha sido objeto de interpretación en un caso similar.
Esta resolución, asimismo, representa una de las interpretaciones más relevantes realizadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el último año y comparte similitudes con decisiones tomadas por tribunales supranacionales europeos. No obstante, es importante destacar que sigue siendo una decisión autónoma y adecuada. Bajo estos criterios, se ha establecido una base jurisprudencial significativa mediante la interpretación de múltiples artículos de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, consolidando así la jurisprudencia integradora. Esta medida agilizará los procedimientos judiciales en materia de propiedad intelectual y flexibilizará la aplicación de interpretaciones en casos similares, evitando la repetición de criterios.
El Tribunal ha establecido que las disputas que planteen cuestiones jurídicas completamente nuevas seguirán siendo objeto de interpretación, a menos que ya exista un criterio aclarado previo. Esto se hace en cumplimiento del artículo 128 del Tratado de Creación del Tribunal, en situaciones que así lo requieran.
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Within the framework of Ecuador’s intellectual property system, Traditional Specialties Guaranteed (TSG) represents a strategic legal mechanism for the protection of agri-food products with proven cultural value and traditional heritage. This tool provides official recognition of the authenticity of traditional production methods, without requiring a specific territorial link.
En el marco del sistema de propiedad intelectual ecuatoriano, las Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG) constituyen una figura legal estratégica para la protección de productos agroalimentarios con valor cultural y tradición comprobada. A través de esta herramienta, se reconoce oficialmente la autenticidad de métodos de elaboración tradicionales, sin requerir una vinculación territorial específica.
Arbitration in Ecuador is an effective alternative for resolving disputes, highlighting benefits such as celerity, confidentiality, and the ability to choose expert arbitrators, making the process more efficient and specialized than ordinary courts.
El arbitraje en Ecuador es una alternativa eficaz para resolver conflictos, destacando beneficios como la rapidez, la confidencialidad y la posibilidad de elegir árbitros expertos, lo que hace el proceso más eficiente y especializado que la justicia ordinaria.
The Superintendency of Personal Data Protection (SPDP) has issued recent statements regarding the use of biometric data for workplace attendance control and the obligation to appoint a Data Protection Officer (DPO) in savings and credit cooperatives. These criteria reinforce the need to protect sensitive data, require impact assessments, ensure free consent, and establish that cooperatives must immediately appoint a DPO to comply with current regulations and avoid sanctions.
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