Quevedo & Ponce - Noticias Legales
Convocatorias a Juntas Generales por correo electrónico: Una modalidad en vigencia desde 2022
- Marzo 27, 2025
- Quevedo & Ponce
Desde 2022, el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías permite convocar a las Juntas Generales mediante correo electrónico, una modalidad que optimiza el proceso de convocatoria y fomenta una mayor participación de los accionistas. Este cambio ha sustituido el tradicional método de publicación en la prensa, reduciendo costos y facilitando la comunicación en tiempos más ágiles.
Anteriormente, la convocatoria debía realizarse en uno de los periódicos de mayor circulación, lo que representaba un gasto adicional y un proceso más lento. Con la nueva normativa, la convocatoria electrónica, que debe realizarse con al menos cinco días de anticipación, es la opción principal. Las empresas también pueden incorporar otros métodos de convocatoria según lo que dispongan sus estatutos sociales.
Si el estatuto de una compañía establece la convocatoria por prensa, la ley permite que esta disposición se mantenga. Sin embargo, si la empresa desea adoptar el correo electrónico como medio principal, es necesario reformar su estatuto social. Esta reforma permite no solo adaptarse a la nueva realidad digital, sino también reducir significativamente los gastos asociados a la publicación en medios impresos.
Reformar el estatuto para incluir el correo electrónico como método de convocatoria ofrece múltiples beneficios, como la optimización de recursos y una mayor accesibilidad para los accionistas, lo que puede incrementar su participación en la toma de decisiones de la empresa.
Si su empresa desea adaptar sus procedimientos de convocatoria a las Juntas Generales o realizar una reforma a su estatuto social, en Quevedo & Ponce contamos con un equipo de abogados especializados en derecho corporativo para brindarle el apoyo necesario y asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes.
¡No dudes en contactarnos!
Más Artículos
Traditional Specialties Guaranteed (ETG) in Ecuador: Protecting Tradition with Legal Recognition
Within the framework of Ecuador’s intellectual property system, Traditional Specialties Guaranteed (TSG) represents a strategic legal mechanism for the protection of agri-food products with proven cultural value and traditional heritage. This tool provides official recognition of the authenticity of traditional production methods, without requiring a specific territorial link.
Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG) en Ecuador: Protegiendo la tradición con valor legal
En el marco del sistema de propiedad intelectual ecuatoriano, las Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG) constituyen una figura legal estratégica para la protección de productos agroalimentarios con valor cultural y tradición comprobada. A través de esta herramienta, se reconoce oficialmente la autenticidad de métodos de elaboración tradicionales, sin requerir una vinculación territorial específica.
Arbitration in Ecuador: An Effective Alternative for Dispute Resolution
Arbitration in Ecuador is an effective alternative for resolving disputes, highlighting benefits such as celerity, confidentiality, and the ability to choose expert arbitrators, making the process more efficient and specialized than ordinary courts.
El arbitraje en Ecuador: una alternativa eficaz para la resolución de conflictos
El arbitraje en Ecuador es una alternativa eficaz para resolver conflictos, destacando beneficios como la rapidez, la confidencialidad y la posibilidad de elegir árbitros expertos, lo que hace el proceso más eficiente y especializado que la justicia ordinaria.
The Superintendence of Personal Data Protection (SPDP) Issues New Key Criteria on the Use of Biometric Data and the Appointment of DPOs
The Superintendency of Personal Data Protection (SPDP) has issued recent statements regarding the use of biometric data for workplace attendance control and the obligation to appoint a Data Protection Officer (DPO) in savings and credit cooperatives. These criteria reinforce the need to protect sensitive data, require impact assessments, ensure free consent, and establish that cooperatives must immediately appoint a DPO to comply with current regulations and avoid sanctions.
