En virtud de la interpretación prejudicial con número 391-IP-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena el 13 de marzo de 2023, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha examinado el artículo 33 del Tratado de Creación de dicho Tribunal y el artículo 123 de su Estatuto. En este análisis, se ha establecido de manera inequívoca que la emisión de un criterio interpretativo previo sobre un acto ya aclarado no contraviene dichos artículos. El Tribunal ha subrayado su responsabilidad de garantizar la uniformidad en la aplicación del ordenamiento jurídico en los países miembros en aras de la integración andina.
El enfoque se centró en determinar si un criterio interpretativo previo emitido por el Tribunal podría considerarse un acto aclarado y, por lo tanto, formar parte de una jurisprudencia andina de cumplimiento obligatorio, determinando finalmente que aquello no solo es posible sino también necesario.
Esta decisión contribuirá a acelerar los procedimientos judiciales en los países miembros de la CAN, al eliminar la necesidad de emitir nuevos criterios interpretativos y al establecer un criterio jurisprudencial uniforme y consolidado. Además, ayudará a prevenir la evasión de solicitudes de interpretación prejudicial al Tribunal.
Cabe entender que para que un acto se considere aclarado, es necesario que la obligación de consultar al Tribunal carezca de fundamento porque la cuestión planteada sea sustancialmente idéntica en términos de contenido a una que ya ha sido objeto de interpretación en un caso similar.
Esta resolución, asimismo, representa una de las interpretaciones más relevantes realizadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el último año y comparte similitudes con decisiones tomadas por tribunales supranacionales europeos. No obstante, es importante destacar que sigue siendo una decisión autónoma y adecuada. Bajo estos criterios, se ha establecido una base jurisprudencial significativa mediante la interpretación de múltiples artículos de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, consolidando así la jurisprudencia integradora. Esta medida agilizará los procedimientos judiciales en materia de propiedad intelectual y flexibilizará la aplicación de interpretaciones en casos similares, evitando la repetición de criterios.
El Tribunal ha establecido que las disputas que planteen cuestiones jurídicas completamente nuevas seguirán siendo objeto de interpretación, a menos que ya exista un criterio aclarado previo. Esto se hace en cumplimiento del artículo 128 del Tratado de Creación del Tribunal, en situaciones que así lo requieran.
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The Constitutional Court, by ruling 49-20-IN/25, declared article 19 of the Humanitarian Support Law partially unconstitutional, which allowed the unilateral termination of the emerging contract without compensation. Despite this, the contract remains valid, but the employer must compensate if the contract ends before the agreed period.
La Corte Constitucional, mediante sentencia 49-20-IN/25, declaró parcialmente inconstitucional el artículo 19 de la Ley de Apoyo Humanitario, que permitía la terminación unilateral del contrato emergente sin indemnización. A pesar de esto, el contrato sigue vigente, pero el empleador deberá indemnizar si termina el contrato antes del plazo acordado.
Abandonment in judicial proceedings is declared when the parties fail to act for six months following the last providence, except in cases involving the rights of children, persons with disabilities, and labor rights. If declared for the first time, the claimant may file a new claim after six months; if it occurs again, the right to sue is extinguished.
El abandono en los procesos judiciales se declara cuando las partes no actúan durante seis meses tras la última providencia, salvo en casos de derechos de niños, personas con discapacidad y derechos laborales. Si se declara por primera vez, el demandante puede presentar una nueva demanda tras seis meses; si ocurre nuevamente, se extingue el derecho a demandar.
The WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources, and Traditional Knowledge, adopted in 2024, establishes an international framework for the protection and recognition of ancestral knowledge. Through innovations such as the disclosure requirement, it promotes transparency in the use of genetic resources and traditional knowledge in patented inventions, ensuring respect for the communities of origin.
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