En virtud de la interpretación prejudicial con número 391-IP-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena el 13 de marzo de 2023, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha examinado el artículo 33 del Tratado de Creación de dicho Tribunal y el artículo 123 de su Estatuto. En este análisis, se ha establecido de manera inequívoca que la emisión de un criterio interpretativo previo sobre un acto ya aclarado no contraviene dichos artículos. El Tribunal ha subrayado su responsabilidad de garantizar la uniformidad en la aplicación del ordenamiento jurídico en los países miembros en aras de la integración andina.
El enfoque se centró en determinar si un criterio interpretativo previo emitido por el Tribunal podría considerarse un acto aclarado y, por lo tanto, formar parte de una jurisprudencia andina de cumplimiento obligatorio, determinando finalmente que aquello no solo es posible sino también necesario.
Esta decisión contribuirá a acelerar los procedimientos judiciales en los países miembros de la CAN, al eliminar la necesidad de emitir nuevos criterios interpretativos y al establecer un criterio jurisprudencial uniforme y consolidado. Además, ayudará a prevenir la evasión de solicitudes de interpretación prejudicial al Tribunal.
Cabe entender que para que un acto se considere aclarado, es necesario que la obligación de consultar al Tribunal carezca de fundamento porque la cuestión planteada sea sustancialmente idéntica en términos de contenido a una que ya ha sido objeto de interpretación en un caso similar.
Esta resolución, asimismo, representa una de las interpretaciones más relevantes realizadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el último año y comparte similitudes con decisiones tomadas por tribunales supranacionales europeos. No obstante, es importante destacar que sigue siendo una decisión autónoma y adecuada. Bajo estos criterios, se ha establecido una base jurisprudencial significativa mediante la interpretación de múltiples artículos de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, consolidando así la jurisprudencia integradora. Esta medida agilizará los procedimientos judiciales en materia de propiedad intelectual y flexibilizará la aplicación de interpretaciones en casos similares, evitando la repetición de criterios.
El Tribunal ha establecido que las disputas que planteen cuestiones jurídicas completamente nuevas seguirán siendo objeto de interpretación, a menos que ya exista un criterio aclarado previo. Esto se hace en cumplimiento del artículo 128 del Tratado de Creación del Tribunal, en situaciones que así lo requieran.
Advertencia:
Nuestro contenido es netamente informativo y de perspectiva. Para una opinión legal o asesoría sobre un caso en particular, comunicarse directamente con nuestro grupo de expertos.
Las indicaciones geográficas (IG) son una forma de protección de la propiedad intelectual que reconoce el vínculo entre un producto y su lugar de origen. Garantizan que las características, calidad o reputación del producto provengan de su entorno geográfico, contribuyendo a preservar la autenticidad, fortalecer la economía local y proteger el patrimonio cultural de las comunidades.
La Corte Constitucional del Ecuador declaró la inconstitucionalidad total de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, al determinar que fue aprobada vulnerando el principio de unidad de materia y el procedimiento legislativo ordinario. Esta decisión deja sin efecto las obligaciones impuestas a las Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S.) y a las Sociedades Anónimas Deportivas (S.A.D.), restableciendo el marco normativo previo y reafirmando la supremacía del control constitucional y la necesidad de mantener la coherencia normativa en el sistema jurídico ecuatoriano.
La mediación es un método alternativo de solución de conflictos mediante el cual las partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario sobre materia transigible, de carácter extrajudicial y definitivo. Este procedimiento permite alcanzar soluciones ágiles, confidenciales y con el mismo valor jurídico que una sentencia ejecutoriada, fomentando el diálogo y la cultura de paz en Ecuador.
La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) ha establecido nuevas reglas para la constitución, gobierno y liquidación de cajas comunales y de ahorro, vigentes a partir del 20 de noviembre de 2025. Este marco normativo fortalece la transparencia, la supervisión y la seguridad financiera, asegurando que estas entidades comunitarias puedan gestionar recursos, otorgar créditos y contribuir al desarrollo de la economía popular y solidaria.
La Aduana y el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales trabajan juntos para proteger el comercio legítimo y prevenir la falsificación, el contrabando y la piratería. A través del Registro Aduanero de Propiedad Intelectual, los titulares de marcas, patentes y derechos de autor pueden inscribir sus creaciones para fortalecer su protección en frontera.
Innovando desde 1941 por ello mantenemos una relación personalizada con nuestros clientes en la que prima la relación humana y sus necesidades.
Suscríbase a nuestro boletín para estar al día de las noticias de QP y el mundo
Innovando desde 1941 por ello mantenemos una relación personalizada con nuestros clientes en la que prima la relación humana y sus necesidades.
Suscríbase a nuestro boletín para estar al día de las noticias de QP y el mundo
© 2023 QUEVEDO & PONCE | Realizado por Master Dots
© 2023 QUEVEDO & PONCE | Realizado por Master Dots
