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Irregistrabilidad de signos cuando constituyan una expresión de la cultura o práctica de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales

Cuando hablamos de irregistrabilidad de un signo distintivo, la principal causa que puede venir a la mente es la de un posible riesgo de confusión entre el signo propio y el signo de un competidor directo que ya existe previamente en ese mercado específico. Es decir, la irregistrabilidad, se ha entendido generalmente como nacida del valor comercial propio del signo y la forma en la que su registro podría influir en el usuario y afectar a sus competidores, lo que da a la autoridad competente la posibilidad de negar un registro de forma legítima. Sin embargo, es necesario entender que la irregistrabilidad también puede desprenderse de otros factores, como la afectación a los derechos de terceros, que podrían participar en el mercado o no.

El caso que analizaremos a continuación es el de la irregistrabilidad de un signo, que se provoca por la inclusión en este de expresiones culturales de comunidades indígenas, afroamericanas o locales, tal como se encuentra previsto en el literal g del artículo 136 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena:

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…)

(…) g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso;”

Para entender el pleno alcance de esta norma, es necesario analizar la interpretación No. 187-IP-2015, emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina hace ya casi 10 años.

Del análisis del Tribunal, que se basó en un caso suscitado en Colombia por el uso de la palabra “Tisquesusa” como signo y un gráfico tomado del patrimonio cultural material indígena (figura de arcilla), debemos entender fundamentalmente que la norma incluye tres causales separadas en el mismo artículo, que conducirán a la irregistrabilidad: 1) Aquellos que consistan en el nombre de una comunidad; 2) Aquellos que consistan en las denominaciones, palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir los productos, servicios o la forma de procesarlos de las comunidades; 3)  La expresión de la cultura o práctica de una comunidad.

Con especial énfasis en este último punto, el Tribunal entiende como expresión de la cultura o práctica de una comunidad:

  • La lengua, el arte, la música, la danza, la canción y la ceremonia.
  • Las prácticas y los conocimientos agrícolas, técnicos y ecológicos.
  • La espiritualidad, los sitios sagrados y los restos humanos ancestrales.
  • La documentación sobre los elementos precedentes.

El consentimiento expreso que cada comunidad debe otorgar al solicitante para que un registro de estas características sea válido, está sujeto a la discreción de cada autoridad nacional.

Considerando lo anterior, podríamos plantear el ejemplo ecuatoriano de una empresa que intentase registrar el signo “SARAGURO”, sin que esta comunidad indígena del sur del país le otorgue algún tipo de consentimiento. En tal caso, el registro deberá ser negado obligatoriamente.

Un segundo ejemplo que podríamos establecer es el de un signo tridimensional que mantenga semblanza gráfica idéntica con la imagen de uno o varios miembros de la comunidad afroecuatoriana del valle del Chota, con su vestimenta tradicional completa y/o describiendo un baile típico de la comunidad. En ese caso, el registro también deberá ser negado.

La lógica principal detrás de esta disposición es la protección especial que se otorga al patrimonio cultural de cada nación en su conjunto diverso, en armonía con las disposiciones técnicas y recomendaciones de la UNESCO, haciendo que el patrimonio cultural en su dimensión intelectual y folclórica no sea apropiable ni privativo, sino que por el contrario, se garantice su goce pleno por parte de la colectividad toda, y su continuación se proteja al interior de cada comunidad.

En Quevedo & Ponce, nuestro equipo de expertos verifica que el signo que se desea registrar como parte de una actividad comercial sea plenamente registrable, al cumplir en su totalidad con la legislación vigente en los niveles nacional, andino e internacional; así como también salvaguardamos las expresiones culturales y artísticas en sus distintas manifestaciones, con probidad y experticia.

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