En virtud de la interpretación prejudicial con número 391-IP-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena el 13 de marzo de 2023, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha examinado el artículo 33 del Tratado de Creación de dicho Tribunal y el artículo 123 de su Estatuto. En este análisis, se ha establecido de manera inequívoca que la emisión de un criterio interpretativo previo sobre un acto ya aclarado no contraviene dichos artículos. El Tribunal ha subrayado su responsabilidad de garantizar la uniformidad en la aplicación del ordenamiento jurídico en los países miembros en aras de la integración andina.
El enfoque se centró en determinar si un criterio interpretativo previo emitido por el Tribunal podría considerarse un acto aclarado y, por lo tanto, formar parte de una jurisprudencia andina de cumplimiento obligatorio, determinando finalmente que aquello no solo es posible sino también necesario.
Esta decisión contribuirá a acelerar los procedimientos judiciales en los países miembros de la CAN, al eliminar la necesidad de emitir nuevos criterios interpretativos y al establecer un criterio jurisprudencial uniforme y consolidado. Además, ayudará a prevenir la evasión de solicitudes de interpretación prejudicial al Tribunal.
Cabe entender que para que un acto se considere aclarado, es necesario que la obligación de consultar al Tribunal carezca de fundamento porque la cuestión planteada sea sustancialmente idéntica en términos de contenido a una que ya ha sido objeto de interpretación en un caso similar.
Esta resolución, asimismo, representa una de las interpretaciones más relevantes realizadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el último año y comparte similitudes con decisiones tomadas por tribunales supranacionales europeos. No obstante, es importante destacar que sigue siendo una decisión autónoma y adecuada. Bajo estos criterios, se ha establecido una base jurisprudencial significativa mediante la interpretación de múltiples artículos de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, consolidando así la jurisprudencia integradora. Esta medida agilizará los procedimientos judiciales en materia de propiedad intelectual y flexibilizará la aplicación de interpretaciones en casos similares, evitando la repetición de criterios.
El Tribunal ha establecido que las disputas que planteen cuestiones jurídicas completamente nuevas seguirán siendo objeto de interpretación, a menos que ya exista un criterio aclarado previo. Esto se hace en cumplimiento del artículo 128 del Tratado de Creación del Tribunal, en situaciones que así lo requieran.
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Resolution No. 06-2025, issued by the National Court of Justice, establishes new criteria to ensure the effective application of citation by notices, as provided under Article 55 of the Organic General Code of Processes, in light of the difficulties encountered by judicial citation officers in the process.
Citation by notices presupposes that personal service could not be effected, but it also constitutes a preliminary step prior to citation through mass communication media, as stipulated by law.
La resolución No. 06-2025, emitida por la Corte Nacional de Justicia, fija nuevos criterios para que la citación por boletas, instituida en el artículo 55 del Código Orgánico General de Procesos, pueda aplicarse efectivamente, dadas las dificultades presentadas en el trámite por parte de los citadores de la Función Judicial.
La citación por boletas implica que una citación personal no pudo realizarse, pero es también una gestión previa a la citación a través de medios de comunicación, en los términos previstos en la ley.
En los últimos meses, han comenzado a circular en redes sociales imágenes generadas por inteligencia artificial que imitan de forma sorprendente el estilo visual de Studio Ghibli. Estas imágenes, creadas a través de nuevas funciones de IA, han encendido un intenso debate legal sobre los límites de la propiedad intelectual en la era digital: ¿dónde se trazan los límites de la propiedad intelectual en el entorno digital?
In Ecuador, companies supervised by the Superintendence of Companies, Securities, and Insurance must submit their financial information annually by April 30th. This duty includes financial statements and other relevant documents, which must be approved by the general meeting before submission. The non – accomplishment of the legal requirements may arise in significant financial penalties.
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