Mediante el Decreto Ejecutivo No. 947, emitido el 23 de noviembre de este año y publicado en el Registro Oficial Cuarto Suplemento, N° 446 del 28 de noviembre, el Presidente la República del Ecuador ha expedido el Reglamento Codificado de Aplicación de la Ley de Hidrocarburos.
Esta decisión se fundamenta en la necesidad de promulgar un nuevo Reglamento tras la emisión de la sentencia N° 110-21-IN/22 de la Corte Constitucional, la cual invalidó el capítulo X de la Ley Orgánica Para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que sirvió como base para el Reglamento anterior de la Ley de Hidrocarburos, emitido el 16 de febrero de 2022.
El nuevo Reglamento se centra en la consolidación de la Política Nacional Hidrocarburífera en concordancia con los principios de desarrollo sostenible y responsabilidad establecidos en la Constitución de la República. Además, establece la creación de un Directorio y define sus funciones y composición.
En línea con las políticas de promoción de la inversión privada y la formación de alianzas público-privadas (APP) que se han impulsado en los últimos años, el Reglamento prevé un proceso especial de licitaciones que requerirá el cumplimiento de requisitos específicos, así como un procedimiento propio y especial para la extracción de los recursos hidrocarburíferos.
Según el Reglamento, la participación del Estado en la producción de barriles de crudo no podrá ser inferior al 12,5% en producciones de hasta 30.000 barriles diarios, al 14% en producciones de entre 30.000 y 60.000 barriles diarios, y al 18,5% cuando la producción supere los 60.000.
El nuevo Reglamento expedido aborda también la exploración y explotación del principal recurso económico del Ecuador y se enfoca principalmente en la sostenibilidad ambiental y los incentivos económicos en un sector que ha desempeñado un papel fundamental en el país desde la promulgación de la Ley de Hidrocarburos en 1978.
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La Sentencia 3364-21-EP/25 de la Corte Constitucional del Ecuador redefine los límites de la coactiva del IESS, protegiendo a los accionistas frente a medidas arbitrarias. El fallo prohíbe que funcionarios administrativos dispongan arraigos o afectaciones patrimoniales sin intervención judicial, consolidando el respeto al precedente 22-13-IN/20 y fortaleciendo la seguridad jurídica corporativa.
Geographical indications (GIs) are a form of intellectual property protection that recognizes the link between a product and its place of origin. They ensure that the product’s characteristics, quality, or goodwill derive from its geographic environment, helping preserve authenticity, strengthen the local economy, and protect the cultural heritage of communities.
Las indicaciones geográficas (IG) son una forma de protección de la propiedad intelectual que reconoce el vínculo entre un producto y su lugar de origen. Garantizan que las características, calidad o reputación del producto provengan de su entorno geográfico, contribuyendo a preservar la autenticidad, fortalecer la economía local y proteger el patrimonio cultural de las comunidades.
The Constitutional Court of Ecuador declared the total unconstitutionality of the Organic Law of National Solidarity, determining that it was enacted in violation of the principle of unity of subject matter and the ordinary legislative procedure. This decision nullifies the obligations imposed upon Simplified Stock Companies (S.A.S.) and Sports Joint Stock Companies (S.A.D.), restoring the previous regulatory framework and reaffirming both the supremacy of constitutional review and the need of maintaining normative coherence within the Ecuadorian legal system.
La Corte Constitucional del Ecuador declaró la inconstitucionalidad total de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, al determinar que fue aprobada vulnerando el principio de unidad de materia y el procedimiento legislativo ordinario. Esta decisión deja sin efecto las obligaciones impuestas a las Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S.) y a las Sociedades Anónimas Deportivas (S.A.D.), restableciendo el marco normativo previo y reafirmando la supremacía del control constitucional y la necesidad de mantener la coherencia normativa en el sistema jurídico ecuatoriano.
