Mediante el Decreto Ejecutivo No. 947, emitido el 23 de noviembre de este año y publicado en el Registro Oficial Cuarto Suplemento, N° 446 del 28 de noviembre, el Presidente la República del Ecuador ha expedido el Reglamento Codificado de Aplicación de la Ley de Hidrocarburos.
Esta decisión se fundamenta en la necesidad de promulgar un nuevo Reglamento tras la emisión de la sentencia N° 110-21-IN/22 de la Corte Constitucional, la cual invalidó el capítulo X de la Ley Orgánica Para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que sirvió como base para el Reglamento anterior de la Ley de Hidrocarburos, emitido el 16 de febrero de 2022.
El nuevo Reglamento se centra en la consolidación de la Política Nacional Hidrocarburífera en concordancia con los principios de desarrollo sostenible y responsabilidad establecidos en la Constitución de la República. Además, establece la creación de un Directorio y define sus funciones y composición.
En línea con las políticas de promoción de la inversión privada y la formación de alianzas público-privadas (APP) que se han impulsado en los últimos años, el Reglamento prevé un proceso especial de licitaciones que requerirá el cumplimiento de requisitos específicos, así como un procedimiento propio y especial para la extracción de los recursos hidrocarburíferos.
Según el Reglamento, la participación del Estado en la producción de barriles de crudo no podrá ser inferior al 12,5% en producciones de hasta 30.000 barriles diarios, al 14% en producciones de entre 30.000 y 60.000 barriles diarios, y al 18,5% cuando la producción supere los 60.000.
El nuevo Reglamento expedido aborda también la exploración y explotación del principal recurso económico del Ecuador y se enfoca principalmente en la sostenibilidad ambiental y los incentivos económicos en un sector que ha desempeñado un papel fundamental en el país desde la promulgación de la Ley de Hidrocarburos en 1978.
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Ecuador has taken a decisive step by enacting the new Organic Law on Intelligence, which aims to strengthen the State’s capacity to combat organized crime and threats to national sovereignty. However, the legal framework adopted raises serious concerns from a constitutional and human rights perspective.
Ecuador ha dado un paso decisivo al promulgar la nueva Ley Orgánica de Inteligencia, cuyo objetivo es fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado y las amenazas a la soberanía nacional. Sin embargo, el marco legal adoptado plantea serias interrogantes desde una perspectiva constitucional y de derechos humanos.
The Companies Act allows to request the exclusion of a company from a massive dissolution resolution if the grounds for dissolution have been remedied and the resolution has not been registered before the Mercantile Registry. This alternative avoids to initiate a reactivation process and enables the company to maintain its legal standing. This article explains the circumstances under which this option may be exercised and the requirements that must be complied.
La Ley de Compañías permite solicitar la exclusión de una empresa de una resolución de disolución masiva si se ha superado la causal y esta no ha sido inscrita en el Registro Mercantil. Esta alternativa evita el trámite de reactivación y permite conservar la vigencia legal de la empresa. En este artículo, explicamos cuándo es posible optar por esta vía y los requisitos que deben cumplirse.
Within the framework of Ecuador’s intellectual property system, Traditional Specialties Guaranteed (TSG) represents a strategic legal mechanism for the protection of agri-food products with proven cultural value and traditional heritage. This tool provides official recognition of the authenticity of traditional production methods, without requiring a specific territorial link.
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