Mediante el Decreto Ejecutivo No. 947, emitido el 23 de noviembre de este año y publicado en el Registro Oficial Cuarto Suplemento, N° 446 del 28 de noviembre, el Presidente la República del Ecuador ha expedido el Reglamento Codificado de Aplicación de la Ley de Hidrocarburos.
Esta decisión se fundamenta en la necesidad de promulgar un nuevo Reglamento tras la emisión de la sentencia N° 110-21-IN/22 de la Corte Constitucional, la cual invalidó el capítulo X de la Ley Orgánica Para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que sirvió como base para el Reglamento anterior de la Ley de Hidrocarburos, emitido el 16 de febrero de 2022.
El nuevo Reglamento se centra en la consolidación de la Política Nacional Hidrocarburífera en concordancia con los principios de desarrollo sostenible y responsabilidad establecidos en la Constitución de la República. Además, establece la creación de un Directorio y define sus funciones y composición.
En línea con las políticas de promoción de la inversión privada y la formación de alianzas público-privadas (APP) que se han impulsado en los últimos años, el Reglamento prevé un proceso especial de licitaciones que requerirá el cumplimiento de requisitos específicos, así como un procedimiento propio y especial para la extracción de los recursos hidrocarburíferos.
Según el Reglamento, la participación del Estado en la producción de barriles de crudo no podrá ser inferior al 12,5% en producciones de hasta 30.000 barriles diarios, al 14% en producciones de entre 30.000 y 60.000 barriles diarios, y al 18,5% cuando la producción supere los 60.000.
El nuevo Reglamento expedido aborda también la exploración y explotación del principal recurso económico del Ecuador y se enfoca principalmente en la sostenibilidad ambiental y los incentivos económicos en un sector que ha desempeñado un papel fundamental en el país desde la promulgación de la Ley de Hidrocarburos en 1978.
En Quevedo & Ponce, nuestro equipo de expertos ofrece asesoramiento técnico basado en nuestra trayectoria desde 1941, con amplia experiencia en temas complejos que requieran un enfoque detallado y personalizado, incluyendo aquellos relacionados con el petróleo.
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The National Court of Justice has issued a new binding jurisprudential precedent that redefines the calculation of employer retirement compensation in Ecuador. Resolution No. 16-2025 specifies which amounts may be deducted from the employee’s individual retirement fund, reinforcing the principle of favorability and legal security in labor matters.
La Corte Nacional de Justicia ha emitido un nuevo precedente jurisprudencial obligatorio que redefine el cálculo de la jubilación patronal en el Ecuador. La Resolución No. 16-2025 precisa qué valores pueden descontarse del haber individual del trabajador, reforzando el principio de favorabilidad y la seguridad jurídica en materia laboral
Constitutional Court Ruling 3364-21-EP/25 protects shareholders from IESS enforcement measures, prohibiting administrative travel bans and personal liability without judicial intervention. The decision strengthens corporate legal certainty and upholds the binding precedent 22-13-IN/20
La Sentencia 3364-21-EP/25 de la Corte Constitucional del Ecuador redefine los límites de la coactiva del IESS, protegiendo a los accionistas frente a medidas arbitrarias. El fallo prohíbe que funcionarios administrativos dispongan arraigos o afectaciones patrimoniales sin intervención judicial, consolidando el respeto al precedente 22-13-IN/20 y fortaleciendo la seguridad jurídica corporativa.
Geographical indications (GIs) are a form of intellectual property protection that recognizes the link between a product and its place of origin. They ensure that the product’s characteristics, quality, or goodwill derive from its geographic environment, helping preserve authenticity, strengthen the local economy, and protect the cultural heritage of communities.
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