Mediante el Decreto Ejecutivo No. 947, emitido el 23 de noviembre de este año y publicado en el Registro Oficial Cuarto Suplemento, N° 446 del 28 de noviembre, el Presidente la República del Ecuador ha expedido el Reglamento Codificado de Aplicación de la Ley de Hidrocarburos.
Esta decisión se fundamenta en la necesidad de promulgar un nuevo Reglamento tras la emisión de la sentencia N° 110-21-IN/22 de la Corte Constitucional, la cual invalidó el capítulo X de la Ley Orgánica Para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que sirvió como base para el Reglamento anterior de la Ley de Hidrocarburos, emitido el 16 de febrero de 2022.
El nuevo Reglamento se centra en la consolidación de la Política Nacional Hidrocarburífera en concordancia con los principios de desarrollo sostenible y responsabilidad establecidos en la Constitución de la República. Además, establece la creación de un Directorio y define sus funciones y composición.
En línea con las políticas de promoción de la inversión privada y la formación de alianzas público-privadas (APP) que se han impulsado en los últimos años, el Reglamento prevé un proceso especial de licitaciones que requerirá el cumplimiento de requisitos específicos, así como un procedimiento propio y especial para la extracción de los recursos hidrocarburíferos.
Según el Reglamento, la participación del Estado en la producción de barriles de crudo no podrá ser inferior al 12,5% en producciones de hasta 30.000 barriles diarios, al 14% en producciones de entre 30.000 y 60.000 barriles diarios, y al 18,5% cuando la producción supere los 60.000.
El nuevo Reglamento expedido aborda también la exploración y explotación del principal recurso económico del Ecuador y se enfoca principalmente en la sostenibilidad ambiental y los incentivos económicos en un sector que ha desempeñado un papel fundamental en el país desde la promulgación de la Ley de Hidrocarburos en 1978.
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Discover the key changes introduced by Resolution NAC-DGERCGC25-00000014 issued by the Ecuadorian Internal Revenue Service (SRI), effective as of August 1, 2025, which regulate the annulment of electronic tax documents in Ecuador. This analysis addresses the tax implications and legal challenges for companies operating under electronic invoicing schemes.
Descubra los principales cambios introducidos por la Resolución NAC-DGERCGC25-00000014 emitida por el Servicio de Impuestos Internos del Ecuador (SRI), vigente a partir del 1 de agosto de 2025, que regulan la anulación de documentos tributarios electrónicos en el Ecuador. Este análisis aborda las implicaciones fiscales y los desafíos legales para las empresas que operan bajo esquemas de facturación electrónica.
The use of trademarks in cross-border manufacturing operations poses significant legal risks, as evidenced by the Philco case in Brazil. This article analyzes how the unauthorized use of a trademark during manufacturing — even when the products are intended for export — may activate judicial and customs actions. Focusing the impact of the territoriality principle and the need for an international legal strategy.
El uso de marcas en operaciones de manufactura transfronteriza plantea importantes riesgos legales, como lo demuestra el caso Philco en Brasil. Este artículo analiza cómo la utilización no autorizada de una marca durante la fabricación, incluso cuando los productos se destinan al extranjero, puede activar medidas judiciales y aduaneras. Una mirada al impacto del principio territorial y la necesidad de una estrategia legal internacional
The Financial Policy and Regulation Board of Ecuador issued Resolution No. JPRF-F-2025-0154, which reforms the legal framework for community savings and loan funds. The regulation seeks to strengthen local financing and financial inclusion, particularly in rural and urban-marginal areas. Among its provisions, it requires that these funds are established as legal entities, obtaining authorization from the Superintendency of Popular and Solidarity Economy (SEPS), and operate exclusively among individuals with common purposes. In addition, it sets asset limits, imposes restrictions on advertising and branch offices, and establishes transparency and corporate governance obligations.
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