Cuando se habla de fusiones y adquisiciones, en inglés mergers and acquisitions (M&A), hacemos referencia a una serie de actos jurídicos y no jurídicos, como pueden ser económicos, financieros y contables.
Bien sea que una compañía adquiera los derechos de otra, total o parcialmente, el resultado esperado siempre será el tener una compañía de mayor tamaño (entendido como participación en el mercado) en comparación con alguna de las que le precedieron.
El punto de interés del Derecho, sin embargo, se encuentra cuando el resultado de los actos supone el quebrantamiento de la normativa que regula la concentración económica de operadores comerciales. En el Ecuador, la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del Mercado establece que determinadas compañías que orienten sus acciones a transferir capitales, deberán notificar de tales actos a la autoridad competente (Superintendencia de Competencia Económica), que a su vez se encargará de evaluar cada caso particular, con el fin de determinar si han existido infracciones normativas de cualquier tipo.

Aquellas compañías que se ven obligadas a realizar la notificación mencionada, son:

a) Aquellas cuyo volumen total de negocios supere el límite fijado por la Junta de Regulación en determinado periodo.

b) Aquellas en que, como consecuencia de la concentración se adquiera o se incremente una cuota igual o superior al 30 por ciento del mercado relevante del producto o servicio en el ámbito nacional o en un mercado loca.

En caso de determinarse el quebrantamiento de normas, como sería no cumplir con la notificación requerida por ley, es potestad de la misma autoridad competente determinar responsabilidades a manera de sanción, que generalmente son pecuniarias y llegan a suponer un gravamen para la compañía que las recibe.

Es por tales motivos, que antes de iniciar un procedimiento corporativo destinado a concretar fusiones y adquisiciones empresariales, se recomienda a las compañías asesorarse debidamente y seguir las normas del compliance, que engloban tanto las buenas prácticas corporativas como la observancia adecuada de normas, tales como las del Derecho de la Competencia.

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