Nueva normativa para cajas comunales y de ahorro fortalece el financiamiento local y la inclusión financiera.

La Junta de Política y Regulación Financiera del Ecuador ha aprobado la Resolución No. JPRF-F-2025-0154, mediante la cual se reforma de manera integral el marco jurídico de las cajas comunales y cajas de ahorro del sector financiero popular y solidario. Esta normativa busca impulsar la inclusión económica, garantizar la transparencia institucional y fortalecer el financiamiento local sostenible, especialmente en zonas rurales y urbano-marginales.

Entre las principales disposiciones, se determina que las cajas deben constituirse como personas jurídicas y contar con la autorización previa de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). Su operación estará limitada a personas con vínculos comunes comprobables, como miembros de un barrio, asociación, cooperativa o institución.

Se fija un límite patrimonial máximo de USD 400.000 y se restringe su actividad a operaciones de ahorro y crédito entre socios. Además, se prohíbe la captación de recursos del público, la apertura de más de una oficina y la publicidad masiva.

La normativa también dispone un catastro público obligatorio, políticas internas de ética, buen gobierno y prevención de lavado de activos. Finalmente, establece una moratoria de 12 meses para nuevas constituciones, autorizando únicamente los procesos de regularización ya iniciados.

Desde Quevedo & Ponce, ponemos a disposición de nuestros clientes –comunidades organizadas, asociaciones rurales, gremios cooperativos y organismos de desarrollo local– nuestro equipo especializado en Derecho Financiero Público y Economía Popular y Solidaria, para acompañarles en el proceso de regularización, constitución legal y cumplimiento normativo de cajas comunales o fondos rotativos.

Nuestra firma jurídica, con sede en Quito y más de 50 años de experiencia, mantiene un firme compromiso con el fortalecimiento de los modelos de economía solidaria como vía de inclusión y cohesión social.

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