La Oposición Andina emerge como un mecanismo vital para extender la protección de marcas registradas dentro de los países miembros de la CAN.
Este procedimiento posee alcance supranacional en los Estados Miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que incluyen a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, tal como se establece en el artículo 147 de la Decisión 486 de la CAN.
Facilitando la salvaguarda de los derechos en el registro de marcas, la Oposición Andina supone una herramienta esencial para los operadores económicos que buscan expandirse dentro de la CAN. Bajo este mecanismo, si una marca ya registrada en un Estado miembro de la CAN se enfrenta al registro de una marca similar en otro Estado miembro, se puede presentar una oposición válida ante la respectiva oficina. Es crucial que esta oposición sea presentada simultáneamente con la solicitud de registro de la marca opositora, lo cual garantiza un proceso justo y equitativo.
Un requisito fundamental para una oposición andina eficaz es demostrar un legítimo interés por ingresar en el mercado nacional donde se presenta la oposición.
Por ejemplo, si una empresa ecuatoriana presenta una oposición ante la autoridad boliviana respecto al registro de una marca similar, deberá demostrar su interés legítimo en el mercado boliviano para respaldar su reclamo. Este requisito se encuentra respaldado en la Interpretación Prejudicial 129-IP-2021, emitida por el Tribunal Andino de Justicia.
La Oposición Andina cuenta con un protocolo específico que guía a las autoridades nacionales para actuar de manera coordinada, intercambiando información y asegurando la eficiencia en el proceso. Con este propósito, se ha establecido el Protocolo para la Gestión de Casos con Oposición Andina, firmado el 6 de febrero de 2023 por las autoridades nacionales de tres Estados Miembros: la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia; el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) de Ecuador; y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de Perú.
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Nuestro contenido es netamente informativo y de perspectiva. Para una opinión legal o asesoría sobre un caso en particular, comunicarse directamente con nuestro grupo de expertos.
The Constitutional Court, by ruling 49-20-IN/25, declared article 19 of the Humanitarian Support Law partially unconstitutional, which allowed the unilateral termination of the emerging contract without compensation. Despite this, the contract remains valid, but the employer must compensate if the contract ends before the agreed period.
La Corte Constitucional, mediante sentencia 49-20-IN/25, declaró parcialmente inconstitucional el artículo 19 de la Ley de Apoyo Humanitario, que permitía la terminación unilateral del contrato emergente sin indemnización. A pesar de esto, el contrato sigue vigente, pero el empleador deberá indemnizar si termina el contrato antes del plazo acordado.
Abandonment in judicial proceedings is declared when the parties fail to act for six months following the last providence, except in cases involving the rights of children, persons with disabilities, and labor rights. If declared for the first time, the claimant may file a new claim after six months; if it occurs again, the right to sue is extinguished.
El abandono en los procesos judiciales se declara cuando las partes no actúan durante seis meses tras la última providencia, salvo en casos de derechos de niños, personas con discapacidad y derechos laborales. Si se declara por primera vez, el demandante puede presentar una nueva demanda tras seis meses; si ocurre nuevamente, se extingue el derecho a demandar.
The WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources, and Traditional Knowledge, adopted in 2024, establishes an international framework for the protection and recognition of ancestral knowledge. Through innovations such as the disclosure requirement, it promotes transparency in the use of genetic resources and traditional knowledge in patented inventions, ensuring respect for the communities of origin.
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