El Presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa Azín, ha remitido a la Asamblea Nacional el “Proyecto de Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo”, mismo que plantea perspectivas y oportunidades dignas de consideración.
Este proyecto busca promover la implementación de un régimen de Zonas Francas caracterizado por la concesión de exenciones fiscales, la introducción de disposiciones laborales más flexibles y la garantía de la seguridad jurídica. Además, se promueve la utilización de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como el arbitraje. Del mismo modo, se procura agilizar los procedimientos relacionados con las Alianzas Público Privadas (APP). En cuanto a la Reforma Tributaria, el objetivo general es incrementar la liquidez fiscal durante el año 2024.
Este proyecto contempla reformas en diversas normativas legales, entre las que se incluyen el Código del Trabajo, la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, la Ley Orgánica de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica para el Fomento Productivo.
Adicionalmente, se propone la creación de instancias como el Comité Estratégico de Promoción de Inversiones (CEPAI), responsable de emitir declaratorias de Zonas Francas para usuarios operadores con dictamen favorable mediante Acuerdo Ministerial. Asimismo, se establecería un Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas (CIAPP) y una Secretaría de Inversiones Públicas-Privadas (SIPP), que estaría adscrita a la Presidencia de la República y se encargaría de la administración de registros digitales relacionados con proyectos de esta índole.
Debido a su carácter de Proyecto Económico Urgente, se espera que la Asamblea Nacional del Ecuador emita su pronunciamiento antes del 28 de diciembre de 2023.
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El 4 de agosto, la Corte Constitucional informó sobre las decisiones adoptadas en la Sala de Admisiones. Entre ellas, se dispuso la suspensión provisional de una disposición transitoria de la Ley Orgánica de Integridad Pública, de varios artículos y el reglamento de la Ley Orgánica de Inteligencia, y de algunos artículos de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional.
Descubra los principales cambios introducidos por la Resolución NAC-DGERCGC25-00000014 emitida por el Servicio de Impuestos Internos del Ecuador (SRI), vigente a partir del 1 de agosto de 2025, que regulan la anulación de documentos tributarios electrónicos en el Ecuador. Este análisis aborda las implicaciones fiscales y los desafíos legales para las empresas que operan bajo esquemas de facturación electrónica.
El uso de marcas en operaciones de manufactura transfronteriza plantea importantes riesgos legales, como lo demuestra el caso Philco en Brasil. Este artículo analiza cómo la utilización no autorizada de una marca durante la fabricación, incluso cuando los productos se destinan al extranjero, puede activar medidas judiciales y aduaneras. Una mirada al impacto del principio territorial y la necesidad de una estrategia legal internacional
La Junta de Política y Regulación Financiera del Ecuador emitió la Resolución No. JPRF-F-2025-0154, que reforma el marco legal de las cajas comunales y de ahorro. La normativa busca fortalecer el financiamiento local y la inclusión financiera, sobre todo en zonas rurales y urbano-marginales. Entre sus disposiciones se exige que las cajas se constituyan como personas jurídicas, obtengan autorización de la SEPS y solo operen entre personas con vínculos comunes. Además, se establecen límites patrimoniales, restricciones en publicidad y oficinas, y obligaciones de transparencia y gobierno corporativo.
A partir del 29 de julio, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) implementa una nueva obligatoriedad para los viajeros: la declaración en línea de valores superiores a USD 10.000, en cumplimiento de la Ley Orgánica De Prevención, Detección Y Erradicación Del Delito De Lavado De Activos Y Del Financiamiento De Delitos. Esta regulación busca reforzar la transparencia y combatir actividades ilícitas en los movimientos de capitales.
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