En virtud de la interpretación prejudicial con número 391-IP-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena el 13 de marzo de 2023, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha examinado el artículo 33 del Tratado de Creación de dicho Tribunal y el artículo 123 de su Estatuto. En este análisis, se ha establecido de manera inequívoca que la emisión de un criterio interpretativo previo sobre un acto ya aclarado no contraviene dichos artículos. El Tribunal ha subrayado su responsabilidad de garantizar la uniformidad en la aplicación del ordenamiento jurídico en los países miembros en aras de la integración andina.
El enfoque se centró en determinar si un criterio interpretativo previo emitido por el Tribunal podría considerarse un acto aclarado y, por lo tanto, formar parte de una jurisprudencia andina de cumplimiento obligatorio, determinando finalmente que aquello no solo es posible sino también necesario.
Esta decisión contribuirá a acelerar los procedimientos judiciales en los países miembros de la CAN, al eliminar la necesidad de emitir nuevos criterios interpretativos y al establecer un criterio jurisprudencial uniforme y consolidado. Además, ayudará a prevenir la evasión de solicitudes de interpretación prejudicial al Tribunal.
Cabe entender que para que un acto se considere aclarado, es necesario que la obligación de consultar al Tribunal carezca de fundamento porque la cuestión planteada sea sustancialmente idéntica en términos de contenido a una que ya ha sido objeto de interpretación en un caso similar.
Esta resolución, asimismo, representa una de las interpretaciones más relevantes realizadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el último año y comparte similitudes con decisiones tomadas por tribunales supranacionales europeos. No obstante, es importante destacar que sigue siendo una decisión autónoma y adecuada. Bajo estos criterios, se ha establecido una base jurisprudencial significativa mediante la interpretación de múltiples artículos de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, consolidando así la jurisprudencia integradora. Esta medida agilizará los procedimientos judiciales en materia de propiedad intelectual y flexibilizará la aplicación de interpretaciones en casos similares, evitando la repetición de criterios.
El Tribunal ha establecido que las disputas que planteen cuestiones jurídicas completamente nuevas seguirán siendo objeto de interpretación, a menos que ya exista un criterio aclarado previo. Esto se hace en cumplimiento del artículo 128 del Tratado de Creación del Tribunal, en situaciones que así lo requieran.
Advertencia:
Nuestro contenido es netamente informativo y de perspectiva. Para una opinión legal o asesoría sobre un caso en particular, comunicarse directamente con nuestro grupo de expertos.
El Plan de Igualdad, debe registrarse antes del 31 de julio de 2025 ante el Ministerio del Trabajo, o se impondrán multas de 2 a 20 salarios básicos a las compañías e instituciones públicas que no cumplan con la ley. Este Plan garantiza el mismo trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, promoviendo la inclusión y buscando eliminar la discriminación.
In the world of intellectual property, trademark protection involves not only legal aspects but also the social impact of the terms used. A recent case in Switzerland highlights how a trademark can be rejected if its name has immoral or insensitive connotations towards specific social groups.
El impacto social de los términos en las marcas va más allá de lo legal. Un ejemplo reciente es el rechazo de la marca “BIMBO QSR” en Suiza, donde “Bimbo” se considera ofensivo en alemán. Este caso subraya la necesidad de evaluar las sensibilidades culturales al registrar una marca, especialmente para empresas con proyección internacional.
Quevedo & Ponce successfully acted on behalf of the Consorzio Produttori e Tutela della DOP FONTINA in response to a lawsuit filed by an Ecuadorian company, which primarily argued that FONTINA was not registered in Ecuador. However, the Administrative Litigation Tribunal located in the Metropolitan District of Quito upheld the challenged administrative act, citing the risk of consumer confusion and applying Decision 486 of the Andean Community, emphasizing the importance of protecting designations of origin, even without formal registration in Ecuador.
Quevedo & Ponce actuó exitosamente en representación del Consorzio Produttori e Tutela della DOP FONTINA, ante una demanda presentada por una compañía ecuatoriana, en que se alegó principalmente que FONTINA no estaba registrada en Ecuador. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Administrativo con Sede en el Distrito Metropolitano de Quito, ratificó el acto administrativo impugnado, citando el riesgo de confusión para el consumidor y aplicando la Decisión 486 de la Comunidad Andina, destacando la importancia de proteger las denominaciones de origen, incluso sin un registro formal en Ecuador.
Innovando desde 1941 por ello mantenemos una relación personalizada con nuestros clientes en la que prima la relación humana y sus necesidades.
Suscríbase a nuestro boletín para estar al día de las noticias de QP y el mundo
Innovando desde 1941 por ello mantenemos una relación personalizada con nuestros clientes en la que prima la relación humana y sus necesidades.
Suscríbase a nuestro boletín para estar al día de las noticias de QP y el mundo
© 2023 QUEVEDO & PONCE | Realizado por Master Dots
© 2023 QUEVEDO & PONCE | Realizado por Master Dots
