El concepto de Secreto Empresarial engloba toda información de carácter no divulgado, que una entidad considera como confidencial y estratégica para su competitividad y operatividad. Esta puede abarcar aspectos tecnológicos, científicos, industriales, comerciales, organizativos o financieros. En el ámbito de la Propiedad Intelectual, se considera susceptible de protección una variedad de elementos, incluyendo marcas, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, obtenciones vegetales, y obras de índole literaria, artística y científica.
De conformidad con el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina, especificado en la Decisión 486 de 2000, artículo 260, se establecen criterios fundamentales para la protección de los secretos empresariales, a saber:
Mecanismos de Protección
El marco normativo ecuatoriano, a través del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, artículo 545, prescribe que ante cualquier proceso o gestión que involucre secretos empresariales, la autoridad competente deberá adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar la protección de estos, previa formalización del trámite correspondiente ante notario público, que incluya una descripción detallada de la información a proteger.
Adicionalmente, cualquier individuo que, por razón de su actividad laboral, posición, ejercicio profesional o relación comercial, acceda a un secreto empresarial, estará legalmente obligado a mantener la confidencialidad de la información.
Es relevante destacar que, aunque el registro de un secreto empresarial constituye una herramienta legal de protección, no garantiza una seguridad absoluta. Dicha registración facilita un marco legal que prevé sanciones ante prácticas de competencia desleal y ofrece recursos legales en caso de infracciones por terceros.
Es imperativo que las entidades empresariales implementen todas las medidas necesarias para la protección efectiva de sus secretos empresariales. Para tal efecto, es posible solicitar el resguardo de un secreto empresarial ante el Servicio Nacional de la Propiedad Intelectual del Ecuador (SENADI), acompañando la solicitud con el pago de la tasa correspondiente de $22.
Advertencia Legal
Este documento posee un carácter meramente informativo y de orientación general. Para obtener asesoramiento jurídico específico o discutir un caso particular, invitamos a nuestros clientes y al público a contactar directamente con nuestro equipo de profesionales especializados.
Constitutional Court Ruling 3364-21-EP/25 protects shareholders from IESS enforcement measures, prohibiting administrative travel bans and personal liability without judicial intervention. The decision strengthens corporate legal certainty and upholds the binding precedent 22-13-IN/20
La Sentencia 3364-21-EP/25 de la Corte Constitucional del Ecuador redefine los límites de la coactiva del IESS, protegiendo a los accionistas frente a medidas arbitrarias. El fallo prohíbe que funcionarios administrativos dispongan arraigos o afectaciones patrimoniales sin intervención judicial, consolidando el respeto al precedente 22-13-IN/20 y fortaleciendo la seguridad jurídica corporativa.
Geographical indications (GIs) are a form of intellectual property protection that recognizes the link between a product and its place of origin. They ensure that the product’s characteristics, quality, or goodwill derive from its geographic environment, helping preserve authenticity, strengthen the local economy, and protect the cultural heritage of communities.
Las indicaciones geográficas (IG) son una forma de protección de la propiedad intelectual que reconoce el vínculo entre un producto y su lugar de origen. Garantizan que las características, calidad o reputación del producto provengan de su entorno geográfico, contribuyendo a preservar la autenticidad, fortalecer la economía local y proteger el patrimonio cultural de las comunidades.
The Constitutional Court of Ecuador declared the total unconstitutionality of the Organic Law of National Solidarity, determining that it was enacted in violation of the principle of unity of subject matter and the ordinary legislative procedure. This decision nullifies the obligations imposed upon Simplified Stock Companies (S.A.S.) and Sports Joint Stock Companies (S.A.D.), restoring the previous regulatory framework and reaffirming both the supremacy of constitutional review and the need of maintaining normative coherence within the Ecuadorian legal system.
