El concepto de Secreto Empresarial engloba toda información de carácter no divulgado, que una entidad considera como confidencial y estratégica para su competitividad y operatividad. Esta puede abarcar aspectos tecnológicos, científicos, industriales, comerciales, organizativos o financieros. En el ámbito de la Propiedad Intelectual, se considera susceptible de protección una variedad de elementos, incluyendo marcas, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, obtenciones vegetales, y obras de índole literaria, artística y científica.
De conformidad con el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina, especificado en la Decisión 486 de 2000, artículo 260, se establecen criterios fundamentales para la protección de los secretos empresariales, a saber:
Mecanismos de Protección
El marco normativo ecuatoriano, a través del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, artículo 545, prescribe que ante cualquier proceso o gestión que involucre secretos empresariales, la autoridad competente deberá adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar la protección de estos, previa formalización del trámite correspondiente ante notario público, que incluya una descripción detallada de la información a proteger.
Adicionalmente, cualquier individuo que, por razón de su actividad laboral, posición, ejercicio profesional o relación comercial, acceda a un secreto empresarial, estará legalmente obligado a mantener la confidencialidad de la información.
Es relevante destacar que, aunque el registro de un secreto empresarial constituye una herramienta legal de protección, no garantiza una seguridad absoluta. Dicha registración facilita un marco legal que prevé sanciones ante prácticas de competencia desleal y ofrece recursos legales en caso de infracciones por terceros.
Es imperativo que las entidades empresariales implementen todas las medidas necesarias para la protección efectiva de sus secretos empresariales. Para tal efecto, es posible solicitar el resguardo de un secreto empresarial ante el Servicio Nacional de la Propiedad Intelectual del Ecuador (SENADI), acompañando la solicitud con el pago de la tasa correspondiente de $22.
Advertencia Legal
Este documento posee un carácter meramente informativo y de orientación general. Para obtener asesoramiento jurídico específico o discutir un caso particular, invitamos a nuestros clientes y al público a contactar directamente con nuestro equipo de profesionales especializados.
El Plan de Igualdad, debe registrarse antes del 31 de julio de 2025 ante el Ministerio del Trabajo, o se impondrán multas de 2 a 20 salarios básicos a las compañías e instituciones públicas que no cumplan con la ley. Este Plan garantiza el mismo trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, promoviendo la inclusión y buscando eliminar la discriminación.
El impacto social de los términos en las marcas va más allá de lo legal. Un ejemplo reciente es el rechazo de la marca «BIMBO QSR» en Suiza, donde «Bimbo» se considera ofensivo en alemán. Este caso subraya la necesidad de evaluar las sensibilidades culturales al registrar una marca, especialmente para empresas con proyección internacional.
Quevedo & Ponce actuó exitosamente en representación del Consorzio Produttori e Tutela della DOP FONTINA, ante una demanda presentada por una compañía ecuatoriana, en que se alegó principalmente que FONTINA no estaba registrada en Ecuador. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Administrativo con Sede en el Distrito Metropolitano de Quito, ratificó el acto administrativo impugnado, citando el riesgo de confusión para el consumidor y aplicando la Decisión 486 de la Comunidad Andina, destacando la importancia de proteger las denominaciones de origen, incluso sin un registro formal en Ecuador.
Los litigios pueden poner en riesgo los recursos y la reputación de tu empresa. Para evitarlos, es fundamental tomar medidas preventivas como redactar contratos claros, cumplir con la legislación laboral, proteger la propiedad intelectual, mantener una contabilidad transparente, contar con un abogado especializado y fomentar la resolución interna de conflictos. Con la asesoría legal adecuada, puedes proteger tu negocio y asegurar su crecimiento sin interrupciones legales.
Esta resolución se aplica específicamente a los servidores públicos que se acogen al retiro (cesación de funciones) para beneficiarse de la jubilación, según lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP).
