Quevedo & Ponce - Noticias Legales

El comodato es un contrato mediante el cual una persona entrega gratuitamente un bien para su uso, con la obligación de devolverlo. En nuestro sistema legal ecuatoriano, el comodatario no adquiere posesión sino mera tenencia, por lo que no puede adquirir el bien por prescripción adquisitiva, salvo que exista una intervención del título debidamente probada.

Proponer proyectos de ley urgentes en materia económica es una de las facultades de la Función Ejecutiva, sin embargo, esto se debe remitir a la Asamblea Nacional para que se apruebe, modifique o niegue el proyecto. Conforme a la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la falta de pronunciamiento da lugar a la vigencia inmediata del proyecto por ministerio de la ley.

El impacto del fast fashion en el sistema de propiedad intelectual ecuatoriano, explicando qué elementos de la moda pueden protegerse legalmente, cuáles no son susceptibles de protección y cuáles son los principales desafíos para diseñadores y marcas frente a posibles plagios.

La responsabilidad limitada es uno de los principales beneficios de constituir una compañía; sin embargo, en Ecuador no es absoluta. En determinados casos, los jueces pueden aplicar el levantamiento del velo societario y extender la responsabilidad a socios o administradores cuando se demuestra abuso de la personalidad jurídica. Este criterio cobra cada vez mayor relevancia en litigios mercantiles y de recuperación de cartera.

La Clasificación de Niza es el eje del sistema internacional utilizado para organizar los productos y servicios a efectos del registro de marcas, administrada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Este sistema divide los productos y servicios en 45 clases y constituye la base técnica que determina el alcance de la protección marcaria, siendo fundamental su correcta aplicación para garantizar una protección adecuada y evitar limitaciones o conflictos futuros.

La Resolución No. SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INGINT-2025-0244 incorporó la reactivación como una figura jurídica excepcional dentro de la Economía Popular y Solidaria, al permitir que determinadas organizaciones en proceso de liquidación ordinaria puedan retomar sus actividades, siempre que acrediten haber superado las causales de liquidación y cuenten con viabilidad económica y jurídica, reafirmando el rol de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en la preservación de estructuras organizativas con impacto social y económico.

La compraventa de vehículos usados en Ecuador implica el cumplimiento de una serie de requisitos legales y administrativos dentro de plazos específicos. Este boletín analiza las etapas clave del proceso, desde la verificación previa del vehículo hasta el registro del contrato y la transferencia de dominio, así como las sanciones aplicables en caso de incumplimiento.

Una guía esencial para conocer el marco legal que regula a las organizaciones sin fines de lucro en Ecuador. Este artículo explica las obligaciones, procesos y requisitos establecidos por la Ley Orgánica de Transparencia Social y su Reglamento, así como el rol de la SEPS en su supervisión y control.

La compraventa de inmuebles en Ecuador es un acto jurídico que exige verificación documental, cumplimiento de requisitos notariales e inscripción en el Registro de la Propiedad. Este proceso requiere una revisión del estado legal del inmueble y la intervención de un abogado especializado para garantizar una transferencia de dominio válida, segura y correcta.

La Corte Nacional de Justicia ha emitido un nuevo precedente jurisprudencial obligatorio que redefine el cálculo de la jubilación patronal en el Ecuador. La Resolución No. 16-2025 precisa qué valores pueden descontarse del haber individual del trabajador, reforzando el principio de favorabilidad y la seguridad jurídica en materia laboral

La Sentencia 3364-21-EP/25 de la Corte Constitucional del Ecuador redefine los límites de la coactiva del IESS, protegiendo a los accionistas frente a medidas arbitrarias. El fallo prohíbe que funcionarios administrativos dispongan arraigos o afectaciones patrimoniales sin intervención judicial, consolidando el respeto al precedente 22-13-IN/20 y fortaleciendo la seguridad jurídica corporativa.

Las indicaciones geográficas (IG) son una forma de protección de la propiedad intelectual que reconoce el vínculo entre un producto y su lugar de origen. Garantizan que las características, calidad o reputación del producto provengan de su entorno geográfico, contribuyendo a preservar la autenticidad, fortalecer la economía local y proteger el patrimonio cultural de las comunidades.