Nuevos derechos laborales bajo la Ley Orgánica de las Personas con Discapacidad

La Ley Orgánica de las Personas con Discapacidad, publicada el 3 de julio de 2025, deroga la normativa anterior de 2012 y establece un nuevo marco legal orientado a fortalecer la inclusión, estabilidad y equidad laboral de las personas con discapacidad en Ecuador.

Entre los principales cambios, se mantiene la obligación para empleadores con 25 o más trabajadores de contratar al menos un 4% de personas con discapacidad, promoviendo además una distribución territorial equitativa, equidad de género y diversidad de condiciones. Se exige que estas personas sean contratadas en jornada completa, salvo justificación médica para una jornada parcial, y se reconoce su derecho a teletrabajo si cursan estudios de cuarto nivel.

El porcentaje de sustitutos dentro de la cuota de inclusión se reduce al 25% y se ratifican derechos como la indemnización especial de 18 meses en caso de despido injustificado, el reintegro laboral voluntario, permisos médicos para tratamientos y rehabilitación, y la ampliación de la licencia de maternidad por tres meses adicionales si el hijo nace con discapacidad. También se refuerzan derechos para cuidadores, como el permiso de dos horas diarias, y se permite trasladar permisos médicos a los sustitutos en caso de necesidad.

El incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear sanciones económicas o suspensión de actividades. Además, la ley amplía su protección a parientes, sustitutos y cuidadores, definiendo con precisión quiénes pueden ser considerados como tales, excluyendo a quienes adeuden pensiones alimenticias o reciban prestaciones estatales por la persona con discapacidad.

Se introducen también las figuras del sustituto por solidaridad humana y del cuidador certificado por el Ministerio del Trabajo, consolidando un enfoque integral para la protección y acompañamiento de las personas con discapacidad en todos los ámbitos.

En Quevedo & Ponce, contamos con abogados expertos en normativa laboral y derechos de las personas con discapacidad, que ofrecen asesoría legal especializada en cumplimiento normativo, representación de personas con discapacidad y sus familias, defensa de derechos, y acompañamiento integral a empleadores e instituciones públicas y privadas.