El 19 de enero de 2024, la Ley Orgánica para la Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres fue publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 481, estableciendo disposiciones de relevancia para el ámbito laboral que deben ser consideradas:
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La compraventa de inmuebles en Ecuador es un acto jurídico que exige verificación documental, cumplimiento de requisitos notariales e inscripción en el Registro de la Propiedad. Este proceso requiere una revisión del estado legal del inmueble y la intervención de un abogado especializado para garantizar una transferencia de dominio válida, segura y correcta.
La Corte Nacional de Justicia ha emitido un nuevo precedente jurisprudencial obligatorio que redefine el cálculo de la jubilación patronal en el Ecuador. La Resolución No. 16-2025 precisa qué valores pueden descontarse del haber individual del trabajador, reforzando el principio de favorabilidad y la seguridad jurídica en materia laboral
La Sentencia 3364-21-EP/25 de la Corte Constitucional del Ecuador redefine los límites de la coactiva del IESS, protegiendo a los accionistas frente a medidas arbitrarias. El fallo prohíbe que funcionarios administrativos dispongan arraigos o afectaciones patrimoniales sin intervención judicial, consolidando el respeto al precedente 22-13-IN/20 y fortaleciendo la seguridad jurídica corporativa.
Las indicaciones geográficas (IG) son una forma de protección de la propiedad intelectual que reconoce el vínculo entre un producto y su lugar de origen. Garantizan que las características, calidad o reputación del producto provengan de su entorno geográfico, contribuyendo a preservar la autenticidad, fortalecer la economía local y proteger el patrimonio cultural de las comunidades.
La Corte Constitucional del Ecuador declaró la inconstitucionalidad total de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, al determinar que fue aprobada vulnerando el principio de unidad de materia y el procedimiento legislativo ordinario. Esta decisión deja sin efecto las obligaciones impuestas a las Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S.) y a las Sociedades Anónimas Deportivas (S.A.D.), restableciendo el marco normativo previo y reafirmando la supremacía del control constitucional y la necesidad de mantener la coherencia normativa en el sistema jurídico ecuatoriano.
