En el contexto legal ecuatoriano en constante cambio, el cumplimiento normativo (Compliance) se erige como un pilar fundamental para las instituciones, tanto públicas como privadas, que buscan operar con integridad y responsabilidad. Este concepto, también conocido como «cumplimiento normativo», denota el compromiso de las organizaciones con el riguroso acatamiento de la legislación ecuatoriana.
Funciones Clave del Cumplimiento Normativo:
Prevención de Riesgos: El cumplimiento normativo actúa como una salvaguarda, evitando potenciales consecuencias adversas para las empresas, tales como:
La Relación entre Cumplimiento Normativo y Reputación Corporativa: En el contexto actual de Ecuador, donde la confianza en instituciones públicas y privadas se encuentra en un estado frágil, el cumplimiento normativo se convierte en un componente esencial para salvaguardar y mejorar la reputación corporativa. La reputación de una empresa es el resultado de la imagen pública y la percepción de sus grupos de interés, influenciada por acciones internas y externas.
Dada la inevitabilidad del riesgo y la constante posibilidad de eventos adversos, es imperativo que las empresas adopten medidas proactivas para autorregularse. Los sistemas de cumplimiento normativo se presentan como soluciones respaldadas por la normativa local, brindando a las empresas la capacidad de administrar riesgos y evitar conductas contrarias a la legislación vigente, ya sea por parte de empleados o directivos.
En este contexto, la implementación de un sólido programa de cumplimiento normativo se convierte en una herramienta fundamental que permite gestionar de manera efectiva los riesgos y atenuar los posibles impactos negativos.
Advertencia:
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La Ley Orgánica para Impulsar la Economía de las Mujeres Emprendedoras del Ecuador, publicada el 10 de marzo de 2025, promueve el acceso a recursos financieros, capacitación y oportunidades para las mujeres emprendedoras, buscando reducir las brechas de género en el ámbito económico y empresarial.
La Corte Constitucional, mediante sentencia 49-20-IN/25, declaró parcialmente inconstitucional el artículo 19 de la Ley de Apoyo Humanitario, que permitía la terminación unilateral del contrato emergente sin indemnización. A pesar de esto, el contrato sigue vigente, pero el empleador deberá indemnizar si termina el contrato antes del plazo acordado.
El abandono en los procesos judiciales se declara cuando las partes no actúan durante seis meses tras la última providencia, salvo en casos de derechos de niños, personas con discapacidad y derechos laborales. Si se declara por primera vez, el demandante puede presentar una nueva demanda tras seis meses; si ocurre nuevamente, se extingue el derecho a demandar.
El Tratado de la OMPI sobre la Propiedad Intelectual, los Recursos Genéticos y los Conocimientos Tradicionales Asociados, adoptado en 2024, establece un marco internacional para la protección y reconocimiento de los conocimientos ancestrales. A través de innovaciones como el requisito de divulgación, promueve la transparencia en el uso de recursos genéticos y conocimientos tradicionales en las invenciones patentadas, garantizando el respeto a las comunidades de origen.
La disolución, liquidación y cancelación de empresas mercantiles en Ecuador es un proceso clave cuando una empresa deja de operar, no genera ingresos o no es rentable. Cerrar la empresa de manera oportuna evita la acumulación de obligaciones fiscales y administrativas, reduciendo riesgos de sanciones y gastos innecesarios. Existen diversas opciones jurídicas para llevar a cabo este procedimiento, cada una adecuada a distintas circunstancias.
