En el contexto legal ecuatoriano en constante cambio, el cumplimiento normativo (Compliance) se erige como un pilar fundamental para las instituciones, tanto públicas como privadas, que buscan operar con integridad y responsabilidad. Este concepto, también conocido como «cumplimiento normativo», denota el compromiso de las organizaciones con el riguroso acatamiento de la legislación ecuatoriana.
Funciones Clave del Cumplimiento Normativo:
Prevención de Riesgos: El cumplimiento normativo actúa como una salvaguarda, evitando potenciales consecuencias adversas para las empresas, tales como:
La Relación entre Cumplimiento Normativo y Reputación Corporativa: En el contexto actual de Ecuador, donde la confianza en instituciones públicas y privadas se encuentra en un estado frágil, el cumplimiento normativo se convierte en un componente esencial para salvaguardar y mejorar la reputación corporativa. La reputación de una empresa es el resultado de la imagen pública y la percepción de sus grupos de interés, influenciada por acciones internas y externas.
Dada la inevitabilidad del riesgo y la constante posibilidad de eventos adversos, es imperativo que las empresas adopten medidas proactivas para autorregularse. Los sistemas de cumplimiento normativo se presentan como soluciones respaldadas por la normativa local, brindando a las empresas la capacidad de administrar riesgos y evitar conductas contrarias a la legislación vigente, ya sea por parte de empleados o directivos.
En este contexto, la implementación de un sólido programa de cumplimiento normativo se convierte en una herramienta fundamental que permite gestionar de manera efectiva los riesgos y atenuar los posibles impactos negativos.
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Las indicaciones geográficas (IG) son una forma de protección de la propiedad intelectual que reconoce el vínculo entre un producto y su lugar de origen. Garantizan que las características, calidad o reputación del producto provengan de su entorno geográfico, contribuyendo a preservar la autenticidad, fortalecer la economía local y proteger el patrimonio cultural de las comunidades.
La Corte Constitucional del Ecuador declaró la inconstitucionalidad total de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, al determinar que fue aprobada vulnerando el principio de unidad de materia y el procedimiento legislativo ordinario. Esta decisión deja sin efecto las obligaciones impuestas a las Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S.) y a las Sociedades Anónimas Deportivas (S.A.D.), restableciendo el marco normativo previo y reafirmando la supremacía del control constitucional y la necesidad de mantener la coherencia normativa en el sistema jurídico ecuatoriano.
La mediación es un método alternativo de solución de conflictos mediante el cual las partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario sobre materia transigible, de carácter extrajudicial y definitivo. Este procedimiento permite alcanzar soluciones ágiles, confidenciales y con el mismo valor jurídico que una sentencia ejecutoriada, fomentando el diálogo y la cultura de paz en Ecuador.
La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) ha establecido nuevas reglas para la constitución, gobierno y liquidación de cajas comunales y de ahorro, vigentes a partir del 20 de noviembre de 2025. Este marco normativo fortalece la transparencia, la supervisión y la seguridad financiera, asegurando que estas entidades comunitarias puedan gestionar recursos, otorgar créditos y contribuir al desarrollo de la economía popular y solidaria.
La Aduana y el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales trabajan juntos para proteger el comercio legítimo y prevenir la falsificación, el contrabando y la piratería. A través del Registro Aduanero de Propiedad Intelectual, los titulares de marcas, patentes y derechos de autor pueden inscribir sus creaciones para fortalecer su protección en frontera.
