En virtud de la interpretación prejudicial con número 391-IP-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena el 13 de marzo de 2023, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha examinado el artículo 33 del Tratado de Creación de dicho Tribunal y el artículo 123 de su Estatuto. En este análisis, se ha establecido de manera inequívoca que la emisión de un criterio interpretativo previo sobre un acto ya aclarado no contraviene dichos artículos. El Tribunal ha subrayado su responsabilidad de garantizar la uniformidad en la aplicación del ordenamiento jurídico en los países miembros en aras de la integración andina.
El enfoque se centró en determinar si un criterio interpretativo previo emitido por el Tribunal podría considerarse un acto aclarado y, por lo tanto, formar parte de una jurisprudencia andina de cumplimiento obligatorio, determinando finalmente que aquello no solo es posible sino también necesario.
Esta decisión contribuirá a acelerar los procedimientos judiciales en los países miembros de la CAN, al eliminar la necesidad de emitir nuevos criterios interpretativos y al establecer un criterio jurisprudencial uniforme y consolidado. Además, ayudará a prevenir la evasión de solicitudes de interpretación prejudicial al Tribunal.
Cabe entender que para que un acto se considere aclarado, es necesario que la obligación de consultar al Tribunal carezca de fundamento porque la cuestión planteada sea sustancialmente idéntica en términos de contenido a una que ya ha sido objeto de interpretación en un caso similar.
Esta resolución, asimismo, representa una de las interpretaciones más relevantes realizadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el último año y comparte similitudes con decisiones tomadas por tribunales supranacionales europeos. No obstante, es importante destacar que sigue siendo una decisión autónoma y adecuada. Bajo estos criterios, se ha establecido una base jurisprudencial significativa mediante la interpretación de múltiples artículos de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, consolidando así la jurisprudencia integradora. Esta medida agilizará los procedimientos judiciales en materia de propiedad intelectual y flexibilizará la aplicación de interpretaciones en casos similares, evitando la repetición de criterios.
El Tribunal ha establecido que las disputas que planteen cuestiones jurídicas completamente nuevas seguirán siendo objeto de interpretación, a menos que ya exista un criterio aclarado previo. Esto se hace en cumplimiento del artículo 128 del Tratado de Creación del Tribunal, en situaciones que así lo requieran.
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The National Service of Intellectual Rights (SENADI) issued Resolution No. SENADI-DG-2026-0009-RE on March 25, 2026, published in Official Registry Year II, First Supplement No. 251. This resolution establishes a new technical regulation for the creation and operation of regulatory offices for Geographical Indications (GIs) and Denominations of Origin (DOs) in the country.
El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) emitió la Resolución Nro. SENADI-DG-2026-0009-RE el 25 de marzo de 2026, publicada en el Registro Oficial Año II, Primer Suplemento No. 251, mediante la cual se establece una nueva normativa técnica para la creación y funcionamiento de las oficinas reguladoras de Indicaciones Geográficas (IG) y Denominaciones de Origen (DO) en el país.
A commodatum is a contract through which a person lends property free of charge for another person to use, with the obligation to return it. Under the Ecuadorian legal system, the borrower does not acquire possession but only mere holding of the property, which means it cannot be acquired through acquisitive prescription unless a proven interversion of title occurs.
El comodato es un contrato mediante el cual una persona entrega gratuitamente un bien para su uso, con la obligación de devolverlo. En nuestro sistema legal ecuatoriano, el comodatario no adquiere posesión sino mera tenencia, por lo que no puede adquirir el bien por prescripción adquisitiva, salvo que exista una intervención del título debidamente probada.
Proposing urgent economic bills is one of the powers of the Executive Function; however, these must be submitted to the National Assembly for approval, modification, or rejection. In accordance with the Constitution and the Organic Law of the Legislative Function, a failure to issue a ruling results in the immediate enactment of the project by operation of law.
