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Disolución, liquidación y cancelación de empresas mercantiles en Ecuador
- Febrero 26, 2025
- Quevedo & Ponce
Cuando una empresa deja de operar, no genera ingresos o no es rentable, lo más prudente es cerrarla cuanto antes. Esto ayuda a evitar la acumulación de obligaciones fiscales y administrativas con entidades como la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) y el Servicio de Rentas Internas (SRI), además de reducir gastos innecesarios y minimizar riesgos de multas o sanciones.
El cierre puede ser necesario por diversas razones, como resultados insatisfactorios, conflictos entre socios, falta de operaciones o la decisión personal de finalizar el proyecto. En cualquier caso, existen varias opciones jurídicas para llevar a cabo este procedimiento, cada una adecuada a distintas circunstancias:
- Disolución Voluntaria y Anticipada: Este procedimiento permite a los socios decidir de manera anticipada el cierre de la empresa. Implica la disolución formal de la sociedad, la liquidación de activos y pasivos, y posterior cancelación de la inscripción.
- Trámite Abreviado de Disolución Voluntaria, Liquidación y Solicitud de Cancelación: Si la empresa no tiene deudas pendientes, esta opción ofrece un proceso más ágil, permitiendo que la disolución, liquidación y cancelación se realicen en un solo acto administrativo.
- Cancelación Expedita: En este caso, si la empresa no tiene obligaciones pendientes y todos los socios están de acuerdo, se puede proceder con una cancelación rápida y eficiente en el Registro Mercantil o de Sociedades, según corresponda.
En Quevedo & Ponce, brindamos asesoría integral para la disolución, liquidación y cancelación de empresas. Nuestros expertos garantizan un proceso eficiente, conforme a la normativa vigente, adaptado a las necesidades específicas de cada cliente.
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La disolución, liquidación y cancelación de empresas mercantiles en Ecuador es un proceso clave cuando una empresa deja de operar, no genera ingresos o no es rentable. Cerrar la empresa de manera oportuna evita la acumulación de obligaciones fiscales y administrativas, reduciendo riesgos de sanciones y gastos innecesarios. Existen diversas opciones jurídicas para llevar a cabo este procedimiento, cada una adecuada a distintas circunstancias.
