La Resolución NRO. NAC-DGERCGC24-00000001 emitida por el Director General del Servicio de Rentas Internas de Ecuador, el economista Damián Alberto Larco Guamán, el 10 de enero de 2024, establece la suspensión de plazos y términos en todos los procedimientos administrativos tributarios desde el 10 hasta el 12 de enero de 2024. Es importante tener en cuenta que esta suspensión no afecta la remisión prevista en la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo.
La medida se toma a la luz de los recientes eventos suscitados en Ecuador, específicamente el reconocimiento del conflicto armado mediante el decreto ejecutivo Nro. 111. La suspensión de plazos y términos en los procedimientos administrativos tributarios tiene como objetivo adaptarse a la situación actual y permitir a los contribuyentes y demás involucrados disponer de un período excepcional durante el cual no se contarán los días hábiles.
Es crucial que las personas y entidades sujetas a procedimientos administrativos tributarios en Ecuador tomen nota de esta resolución y ajusten sus actividades y plazos de acuerdo con la suspensión establecida. La aplicación de la resolución inicia el 10 de enero de 2024, y se espera que los efectos legales sean respetados durante el período de suspensión mencionado.
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Nuestro contenido es netamente informativo y de perspectiva. Para una opinión legal o asesoría sobre un caso en particular, comunicarse directamente con nuestro grupo de expertos.
In the Ecuadorian business environment, the inclusion of specific data protection clauses in contracts is not optional, but rather a legal obligation under the LOPDP, which prohibits the use of generic authorizations, to ensure that the processing of information is lawful and to avoid severe sanctions by the Superintendence of Personal Data Protection.
En el ámbito empresarial ecuatoriano, la inclusión de cláusulas específicas de protección de datos en los contratos no es opcional, sino una obligación legal bajo la LOPDP que prohíbe el uso de autorizaciones genéricas. Para garantizar que el tratamiento de información sea lícito y evitar severas sanciones por parte de la Superintendencia de Protección de Datos Personales.
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