Mediante el Decreto Ejecutivo No. 947, emitido el 23 de noviembre de este año y publicado en el Registro Oficial Cuarto Suplemento, N° 446 del 28 de noviembre, el Presidente la República del Ecuador ha expedido el Reglamento Codificado de Aplicación de la Ley de Hidrocarburos.
Esta decisión se fundamenta en la necesidad de promulgar un nuevo Reglamento tras la emisión de la sentencia N° 110-21-IN/22 de la Corte Constitucional, la cual invalidó el capítulo X de la Ley Orgánica Para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que sirvió como base para el Reglamento anterior de la Ley de Hidrocarburos, emitido el 16 de febrero de 2022.
El nuevo Reglamento se centra en la consolidación de la Política Nacional Hidrocarburífera en concordancia con los principios de desarrollo sostenible y responsabilidad establecidos en la Constitución de la República. Además, establece la creación de un Directorio y define sus funciones y composición.
En línea con las políticas de promoción de la inversión privada y la formación de alianzas público-privadas (APP) que se han impulsado en los últimos años, el Reglamento prevé un proceso especial de licitaciones que requerirá el cumplimiento de requisitos específicos, así como un procedimiento propio y especial para la extracción de los recursos hidrocarburíferos.
Según el Reglamento, la participación del Estado en la producción de barriles de crudo no podrá ser inferior al 12,5% en producciones de hasta 30.000 barriles diarios, al 14% en producciones de entre 30.000 y 60.000 barriles diarios, y al 18,5% cuando la producción supere los 60.000.
El nuevo Reglamento expedido aborda también la exploración y explotación del principal recurso económico del Ecuador y se enfoca principalmente en la sostenibilidad ambiental y los incentivos económicos en un sector que ha desempeñado un papel fundamental en el país desde la promulgación de la Ley de Hidrocarburos en 1978.
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Proponer proyectos de ley urgentes en materia económica es una de las facultades de la Función Ejecutiva, sin embargo, esto se debe remitir a la Asamblea Nacional para que se apruebe, modifique o niegue el proyecto. Conforme a la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la falta de pronunciamiento da lugar a la vigencia inmediata del proyecto por ministerio de la ley.
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