Mediante el Decreto Ejecutivo No. 947, emitido el 23 de noviembre de este año y publicado en el Registro Oficial Cuarto Suplemento, N° 446 del 28 de noviembre, el Presidente la República del Ecuador ha expedido el Reglamento Codificado de Aplicación de la Ley de Hidrocarburos.
Esta decisión se fundamenta en la necesidad de promulgar un nuevo Reglamento tras la emisión de la sentencia N° 110-21-IN/22 de la Corte Constitucional, la cual invalidó el capítulo X de la Ley Orgánica Para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que sirvió como base para el Reglamento anterior de la Ley de Hidrocarburos, emitido el 16 de febrero de 2022.
El nuevo Reglamento se centra en la consolidación de la Política Nacional Hidrocarburífera en concordancia con los principios de desarrollo sostenible y responsabilidad establecidos en la Constitución de la República. Además, establece la creación de un Directorio y define sus funciones y composición.
En línea con las políticas de promoción de la inversión privada y la formación de alianzas público-privadas (APP) que se han impulsado en los últimos años, el Reglamento prevé un proceso especial de licitaciones que requerirá el cumplimiento de requisitos específicos, así como un procedimiento propio y especial para la extracción de los recursos hidrocarburíferos.
Según el Reglamento, la participación del Estado en la producción de barriles de crudo no podrá ser inferior al 12,5% en producciones de hasta 30.000 barriles diarios, al 14% en producciones de entre 30.000 y 60.000 barriles diarios, y al 18,5% cuando la producción supere los 60.000.
El nuevo Reglamento expedido aborda también la exploración y explotación del principal recurso económico del Ecuador y se enfoca principalmente en la sostenibilidad ambiental y los incentivos económicos en un sector que ha desempeñado un papel fundamental en el país desde la promulgación de la Ley de Hidrocarburos en 1978.
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La Ley Orgánica para Impulsar la Economía de las Mujeres Emprendedoras del Ecuador, publicada el 10 de marzo de 2025, promueve el acceso a recursos financieros, capacitación y oportunidades para las mujeres emprendedoras, buscando reducir las brechas de género en el ámbito económico y empresarial.
La Corte Constitucional, mediante sentencia 49-20-IN/25, declaró parcialmente inconstitucional el artículo 19 de la Ley de Apoyo Humanitario, que permitía la terminación unilateral del contrato emergente sin indemnización. A pesar de esto, el contrato sigue vigente, pero el empleador deberá indemnizar si termina el contrato antes del plazo acordado.
El abandono en los procesos judiciales se declara cuando las partes no actúan durante seis meses tras la última providencia, salvo en casos de derechos de niños, personas con discapacidad y derechos laborales. Si se declara por primera vez, el demandante puede presentar una nueva demanda tras seis meses; si ocurre nuevamente, se extingue el derecho a demandar.
El Tratado de la OMPI sobre la Propiedad Intelectual, los Recursos Genéticos y los Conocimientos Tradicionales Asociados, adoptado en 2024, establece un marco internacional para la protección y reconocimiento de los conocimientos ancestrales. A través de innovaciones como el requisito de divulgación, promueve la transparencia en el uso de recursos genéticos y conocimientos tradicionales en las invenciones patentadas, garantizando el respeto a las comunidades de origen.
La disolución, liquidación y cancelación de empresas mercantiles en Ecuador es un proceso clave cuando una empresa deja de operar, no genera ingresos o no es rentable. Cerrar la empresa de manera oportuna evita la acumulación de obligaciones fiscales y administrativas, reduciendo riesgos de sanciones y gastos innecesarios. Existen diversas opciones jurídicas para llevar a cabo este procedimiento, cada una adecuada a distintas circunstancias.
