Quevedo & Ponce

Quevedo & Ponce - Noticias

Nuevo precedente jurisprudencial obligatorio de la Corte Nacional de Justicia (Fallo de triple reiteración)

PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL OBLIGATORIO: TÉRMINO FATAL PARA LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL CULPOSA POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

La Corte Nacional de Justicia, tienen como una de sus funciones, desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales fundamentado en los fallos de triple reiteración; es decir que, cuando las sentencias emitidas por las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia, reiteren por 3 ocasiones la misma opinión sobre un mismo punto, deben remitir el fallo al pleno de la Corte para que esta delibere, y en el plazo de 60 días, decida si ratifica o rechaza el precedente; en caso de ratificación o de falta de pronunciamiento, esa opinión constituye jurisprudencia obligatoria.

En cumplimiento de dicha función, la Corte Nacional de Justicia, mediante Resolución No. 12-2021, publicada en el cuarto suplemento del Registro Oficial No. 573, de fecha 09 de noviembre de 2021, declaró un nuevo precedente jurisprudencial obligatorio, en el siguiente sentido:

  1. La Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia ha reiterado por 3 ocasiones el mismo criterio jurídico:
    • Resolución No. 296-2021, expedida el 19 de abril de 2021, en el recurso de casación No. 17811-2018-01436.
    • Resolución No. 306-2021, expedida el 21 de abril de 2021, en el recurso de casación No. 01803-2018-00422.
    • Resolución No. 381-2021, expedida el 20 de mayo de 2021en el recurso de casación No. 11804-2018-00426.
  2. La línea argumental reiterada por la referida Sala es la siguiente:
    • Que la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, establece fases para la sustanciación y emisión de las actuaciones correspondientes, las cuales deben sujetarse a los plazos previstos en la misma.
    • Que, a fin de proteger el derecho a la seguridad jurídica, se debe acatar obligatoriamente el plazo de 180 para la predeterminación de responsabilidad civil culposa; cumplido dicho plazo, se debe declarar la caducidad del procedimiento administrativo.
    • Que el plazo de 180 días, está sujeto al principio de reserva legal y de preclusión; y que, cuando la ley fija tiempos para el ejercicio de la potestad, de la competencia o de la facultad pública, los funcionarios o agentes a quienes éstas les han sido atribuidas, deben observar y respetar los límites temporales.
    • Que ejercer actividades y expedir resoluciones fuera del tiempo prescrito por ley, vicia de nulidad el procedimiento administrativo y el consecuente acto administrativo de determinación de responsabilidades.
    • Que a fin de salvaguardar los principios de legalidad y de seguridad jurídica, los Jueces de lo Contencioso Administrativo, una vez comprobado el fenecimiento del plazo en mención, están obligados a declarar la caducidad de la facultad determinadora del Organismo Técnico de Control.
  3. En virtud de los antecedentes expuestos, la Corte Nacional de Justicia, resolvió declarar como precedente jurisprudencial obligatorio, lo siguiente:
    • Que el plazo de 180 previsto en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, para la determinación de la responsabilidad civil culposa, es un plazo fatal, de acatamiento obligatorio; y que por lo tanto, expedir resoluciones fuera de ese tiempo, vicia de nulidad el procedimiento y el consecuente acto administrativo.
    • Una vez que se haya comprobado el vencimiento del referido plazo, la Contraloría General del Estado en sede administrativa, o los Tribunales de lo Contencioso Administrativo en sede jurisdiccional, están obligados a declarar, de oficio o a petición de parte, la caducidad de la potestad determinadora de la Contraloría General del Estado.

 

Advertencia:

Nuestro contenido es netamente informativo y de perspectiva. Para una opinión legal o asesoría sobre un caso en particular, comunicarse directamente con nuestro grupo de expertos.

Más Artículos

The Appointment of the Legal Representative: A Basis of Corporate Legal Security

The Appointment of the Legal Representative: A Basis of Corporate Legal Security

The appointment of a legal representative is far more than a formal requirement: it constitutes a strategic basis that ensures legal certainty, transparency, and the continuity of the company. This article examines the essential elements for a valid appointment, the risks associated with non-compliance, and the significance of electronic signatures in the modernization of corporate management.

El Nombramiento del Representante Legal: Pilar de la Seguridad Jurídica Empresarial

El Nombramiento del Representante Legal: Pilar de la Seguridad Jurídica Empresarial

El nombramiento del representante legal es mucho más que un requisito formal: es un pilar estratégico que garantiza la seguridad jurídica, la transparencia y la continuidad de la empresa. Este artículo analiza los elementos esenciales para una designación válida, los riesgos del incumplimiento y la importancia de la firma electrónica en la modernización de la gestión societaria.

Trade Dress in Ecuador

Trade Dress in Ecuador

Trade dress protects the visual identity of products and establishments, such as packaging, shapes, colors or store decorations that make them unique in the market. In Ecuador, its regulation seeks to safeguard business identity, promote innovation, and prevent unfair competition.

Apariencias Distintivas en Ecuador

Apariencias Distintivas en Ecuador

Las apariencias distintivas (trade dress) protegen la imagen visual de productos y establecimientos, como empaques, formas, colores o decoraciones que los hacen únicos en el mercado. En Ecuador, su regulación busca resguardar la identidad empresarial, fomentar la innovación y prevenir la competencia desleal.

New Regulation for Exit Authorizations for Minors to Leave the Country: Legal Security and Protection of Rights

New Regulation for Exit Authorizations for Minors to Leave the Country: Legal Security and Protection of Rights

Resolution No. 063-2025 of the Council of the Judiciary establishes a new regulation governing the authorization of minors to leave the country. This normative framework strengthens legal certainty, safeguards the best interests of the child, and prevents risks such as human trafficking or hazardous migration.

1 3 4 5 6 7 37

Contáctanos

Tienes alguna pregunta? Gustosos te ayudaremos