La Oposición Andina emerge como un mecanismo vital para extender la protección de marcas registradas dentro de los países miembros de la CAN.
Este procedimiento posee alcance supranacional en los Estados Miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que incluyen a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, tal como se establece en el artículo 147 de la Decisión 486 de la CAN.
Facilitando la salvaguarda de los derechos en el registro de marcas, la Oposición Andina supone una herramienta esencial para los operadores económicos que buscan expandirse dentro de la CAN. Bajo este mecanismo, si una marca ya registrada en un Estado miembro de la CAN se enfrenta al registro de una marca similar en otro Estado miembro, se puede presentar una oposición válida ante la respectiva oficina. Es crucial que esta oposición sea presentada simultáneamente con la solicitud de registro de la marca opositora, lo cual garantiza un proceso justo y equitativo.
Un requisito fundamental para una oposición andina eficaz es demostrar un legítimo interés por ingresar en el mercado nacional donde se presenta la oposición.
Por ejemplo, si una empresa ecuatoriana presenta una oposición ante la autoridad boliviana respecto al registro de una marca similar, deberá demostrar su interés legítimo en el mercado boliviano para respaldar su reclamo. Este requisito se encuentra respaldado en la Interpretación Prejudicial 129-IP-2021, emitida por el Tribunal Andino de Justicia.
La Oposición Andina cuenta con un protocolo específico que guía a las autoridades nacionales para actuar de manera coordinada, intercambiando información y asegurando la eficiencia en el proceso. Con este propósito, se ha establecido el Protocolo para la Gestión de Casos con Oposición Andina, firmado el 6 de febrero de 2023 por las autoridades nacionales de tres Estados Miembros: la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia; el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) de Ecuador; y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de Perú.
Advertencia:
Nuestro contenido es netamente informativo y de perspectiva. Para una opinión legal o asesoría sobre un caso en particular, comunicarse directamente con nuestro grupo de expertos.
La Ley Orgánica para Impulsar la Economía de las Mujeres Emprendedoras del Ecuador, publicada el 10 de marzo de 2025, promueve el acceso a recursos financieros, capacitación y oportunidades para las mujeres emprendedoras, buscando reducir las brechas de género en el ámbito económico y empresarial.
La Corte Constitucional, mediante sentencia 49-20-IN/25, declaró parcialmente inconstitucional el artículo 19 de la Ley de Apoyo Humanitario, que permitía la terminación unilateral del contrato emergente sin indemnización. A pesar de esto, el contrato sigue vigente, pero el empleador deberá indemnizar si termina el contrato antes del plazo acordado.
El abandono en los procesos judiciales se declara cuando las partes no actúan durante seis meses tras la última providencia, salvo en casos de derechos de niños, personas con discapacidad y derechos laborales. Si se declara por primera vez, el demandante puede presentar una nueva demanda tras seis meses; si ocurre nuevamente, se extingue el derecho a demandar.
El Tratado de la OMPI sobre la Propiedad Intelectual, los Recursos Genéticos y los Conocimientos Tradicionales Asociados, adoptado en 2024, establece un marco internacional para la protección y reconocimiento de los conocimientos ancestrales. A través de innovaciones como el requisito de divulgación, promueve la transparencia en el uso de recursos genéticos y conocimientos tradicionales en las invenciones patentadas, garantizando el respeto a las comunidades de origen.
La disolución, liquidación y cancelación de empresas mercantiles en Ecuador es un proceso clave cuando una empresa deja de operar, no genera ingresos o no es rentable. Cerrar la empresa de manera oportuna evita la acumulación de obligaciones fiscales y administrativas, reduciendo riesgos de sanciones y gastos innecesarios. Existen diversas opciones jurídicas para llevar a cabo este procedimiento, cada una adecuada a distintas circunstancias.
